Por: KATHERINE FERNANDEZ-RUNDLE : Fiscal estatal de Miami-Dade.
La corrupción no podrá nunca ser desaparecida del orbe, pero el juicio por jurado que bien que la minimiza. (I.F.P)
La corrupción no podrá nunca ser desaparecida del orbe, pero el juicio por jurado que bien que la minimiza. (I.F.P)
Mientras que los abundantes artículos noticiosos en todo el estado pueden dar la impresión de que la corrupción es un problema urbano, estoy absolutamente convencida de que el abuso del poder público y el robo de fondos gubernamentales ocurren en todo el estado, a todos los niveles de gobierno y en áreas urbanas y rurales, grandes y pequeñas.
Lamentablemente, no importa dónde vivamos, no parece haber escasez de individuos avariciosos que buscan la manera de usar programas y recursos del gobierno para lucrar y ejercer influencia indebida.
Lamentablemente, no importa dónde vivamos, no parece haber escasez de individuos avariciosos que buscan la manera de usar programas y recursos del gobierno para lucrar y ejercer influencia indebida.
La eliminación de la corrupción pública les presenta a los fiscales con delitos y situaciones únicas. Los delitos de corrupción no se cometen a mano armada y rara vez en público. Un reportero del Miami Herald resumió perfectamente la situación una vez:
Los casos de corrupción pueden ser mucho más difíciles de investigar y llevar a juicio que los delitos violentos. Sin un cadáver o una ventana rota, los fiscales primero tienen que probar que hubo un delito. Entonces hay que probar quién lo hizo. Las investigaciones incluyen revisar resmas de documentos financieros o técnicos e interrogar a docenas de testigos renuentes.
Al reconocer esto, cuando asumí el cargo de fiscal estatal de Miami en 1993, hice un énfasis estratégico en combatir la corrupción pública. En 1995 establecí la Unidad Contra la Corrupción Pública y escogí a abogados experimentados dedicados a librar esta batalla.
También establecí alianzas exitosas con entidades policiales locales, estatales y federales. La Policía de Miami-Dade, conjuntamente con la Policía Estatal de la Florida, cuentan con detectives especializados que trabajan de cerca con los fiscales en la Unidad Contra la Corrupción Pública.
También hemos establecido una alianza sólida con la fiscalía federal para asistirnos mutuamente en otros casos de corrupción. A nivel local, la Comisión de Miami-Dade merece crédito por crear y financiar la Oficina del Inspector General y la Comisión de Etica, que contribuyen significativamente a la lucha contra la corrupción.
El resultado de estas alianzas e iniciativas ha llevado directamente al enjuiciamiento de comisionados corruptos de Miami y Miami-Dade, alcaldes y concejales, docenas de otros funcionarios municipales y policiales, así como personas del sector privado que han tratado de sacar provecho de las arcas públicas o envenenar el proceso político.
Hemos apoyado los numerosos esfuerzos investigativos del Gran Jurado para limpiar el proceso de contratación del gobierno, las actividades de cabildeo, la votación con boletas de ausente, las normas del personal de la Comisión de Miami-Dade, la capacitación de maestros y, naturalmente, los programas de vivienda pública, como los casos revelados por la serie investigativa del Miami Herald House of Lies (Casa de las Mentiras).
Así que la buena noticia es que en Miami tenemos muchas de las herramientas necesarias para continuar esta batalla. Sin embargo, esto no significa que tenemos todo lo que nos hace falta. El combate efectivo contra la corrupción pública exige tener contadores y auditores forenses, fiscales experimentados y detectives especializados para descubrir los documentos que conducen a sobornos y dinero público robado.
La contratación y retención del personal experimentado son costosas. Cualquiera que opine que la corrupción pública puede combatirse con poco dinero, nunca ha llevado un caso de este tipo a los tribunales ni tiene un compromiso real con la batalla.
Es irónico que nuestros legisladores perciben que los principales participantes en la batalla contra la corrupción pública, los contribuyentes, no están dispuestos a pagar tales investigaciones y juicios. No creo que eso sea cierto. Sé que nuestros ciudadanos desean tener un gobierno honesto, que reconocen que eso no se puede lograr sin los fondos adecuados y que están dispuestos a pagarlo.
Es irónico que nuestros legisladores perciben que los principales participantes en la batalla contra la corrupción pública, los contribuyentes, no están dispuestos a pagar tales investigaciones y juicios. No creo que eso sea cierto. Sé que nuestros ciudadanos desean tener un gobierno honesto, que reconocen que eso no se puede lograr sin los fondos adecuados y que están dispuestos a pagarlo.
Los retos presupuestarios que enfrenta la Legislatura estatal este año pondrán a prueba el compromiso de nuestros legisladores con la batalla real contra la corrupción.
En este campo, el público, usted, tiene la voz más fuerte. Use ese poder para comunicarle a sus legisladores que una inversión relativamente pequeña en la lucha contra la corrupción pública ciertamente vale la pena hasta el último centavo.