UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SANTA CRUZ - Certificado

Recién consideré adecuado -modestia aparte- presentar éste certificado (Abril-2009) que me fue entregado por una Universidad de Estados Unidos por la exposición de "The World Jury on Trial" (El juicio por Jurado en el mundo), vinculado al tema que me apasiona: Juicio x Jurados.

ELIGIENDO MAGISTRADOS

Por: Iván G. Fernández Paz (*)
Referirnos a la elección de: Jueces, Fiscales,  Tribunos Constitucionales, Procuradores, Comisionados Defensores del Pueblo, Contralores, entre otros (en adelante Magistrados), es contextualizar un álgido tema difícil de ser exento de intromisión política alguna -por obvias razones-; a su vez, asentar posición propia de una democracia directa en la cual el sufragio precisamente en estas instancias debe y obliga a ser eminentemente popular, guste o no a la alta magistratura o a los políticos partidarizados; con esto se lograría como ejemplo lógico  elemental que el Defensor del Pueblo sea elegido por su mismo pueblo, o en su máxima expresión sin precedentes hacer del Poder Judicial un verdadero poder del Estado.
“El poder del Estado emana del pueblo” reza nuestra Constitución Política (Artículo 45°)  tal poderosa facultad se vincula a la elección popular de sus autoridades; no obstante, en Latinoamérica el poder político asume como tesis cooptar representaciones e instancias que resuelven, dictaminan u opinan temas de Justicia, sea ésta a nombre de Dios, el rey o el pueblo, anteponiendo inusitado interés particular; en su antítesis se les advierte que, democracia es mucho más que elegir mediante votos candidatos de partidos políticos.
En nuestro país –y toda Latinoamérica- se crearon y entre copiaron instituciones con la noción de evitar desconfianza ciudadana y fueron constantemente reformadas desde nuestros inicios como República con el “noble” propósito de establecer una independencia en estamentos judiciales y de control Estatal, en el proceso de invención de instancias y la  forma de elección de sus integrantes magistrados, el común denominador fue el de no involucrar al pueblo soberano bajo la falsa excusa de no estar preparado.
Se considera como principal visión institucional la de prestar servicios, reduciendo de manera sustancial la corrupción y el abuso de sus magistrados integrantes, para llegar a eso no existe otra mejor forma de hacerlo más que con la vinculación de la participación popular, siempre eficaz aun cuando se esgrima oneroso presupuesto, pues su relación costo – beneficio, resulta provechoso para la sociedad, reparando en que la democracia la paga el pueblo y debe de retornar a éste de alguna forma:más democracia no es peor, más democracia es mejor”.
Una de estas formas fue prevista y estipulada en nuestra vigente Constitución Política: “Art. 139 Inc. 17. La participación popular en el nombramiento y en la revocación de magistrados, conforme a ley”. Lamentablemente intereses políticos partidarizados han evadido su responsabilidad de emitir su respectiva Ley orgánica y éste importante párrafo duerme el sueño de los justos desde 1983, siendo el único temor el que la justicia en las manos del pueblo no les es de su particular agrado ni conveniencia, por cuanto se cerraría el circulo al mencionar: “Si el pueblo los eligió (voto popular), pues que el mismo pueblo los juzgue (justicia ciudadana)”.
Razón ante la cual, urge exponer ideas que se concreten en norma orgánica, con lo que se pueda hacer que tales instituciones sean totalmente independiente del poder político (de turno), entre los más cercanos a la convicción y aceptación  ciudadana, están aquellos sustentados en el principio de innovación (adopta y adapta) siendo analizadas y recogidas de experiencias exitosas en  países europeos (anglo-germanos), estipulándose de la siguiente forma:
1º.  Serán las Universidades con sedes en cada Región quienes deberán proponer las ternas para magistrados, estos son alumnos egresados de sus mismas aulas (10 años atrás) y deben de haber ocupado en sus épocas de estudiantes los primeros puestos -tercio superior-.
2º.  Los candidatos cumplirán con requisitos especiales por los cuales sus propias Universidades los han venido siguiendo e investigando (activos y pasivos históricos) en calidad de ser sus ex alumnos y como adecuado filtro de un proceso de selección,  ante lo cual terminan avalando el aspecto ético, moral y académico de su  postulante, quién obviamente no podrá pertenecer a ninguna tienda política partidarizada por razones obvias.
3º.  Es importante otorgar peso adicional (prioridad) a los nacidos en la misma circunscripción en la que postulan por cuanto la población -respecto a éste hecho- conoce el accionar no solo del candidato sino de su ascendencia familiar la cual puede ser reconocida por muchos, formándose un perfil del ser y devenir de buena familia, correcto y adecuado ciudadano; situación que se torna difícil de contrastarla con un candidato foráneo.
4º.  Ante la probabilidad de tachas o recusaciones de los candidatos, estas deberán  estar debidamente  fundamentadas con pruebas y ser expuestas por cualquier ciudadano o institución ante un tribunal de ética y publicar las conclusiones en los medios de prensa; de resultar ciertas, la propia universidad que lo postuló le quitará el respaldo y el candidato caerá por sí mismo, pues se corre el prestigio de la misma universidad.
5º.  Por último saneado el proceso, y seleccionado los candidatos se  procede a la elección popular; determinado que, así como el pueblo los eligió, el mismo pueblo los puede revocar por inconducta alguna probada.
Siendo ésta pauta un bosquejo inicial, resulta susceptible de ser mejorada, pudiéndose  considerar mayores y mejores argumentos trasladados hacia su futura normatividad, pero siempre teniendo como derrotero y aval principal la garantía del ciudadano manifiesta en la elección popular.
(*) ANALISTA POLÍTICO–
¡Democratizando el Sistema de Justicia!
Asociación Civil Promoviendo Desarrollo / Director del PROYECTO JURADOS (PROJURADOS)
Correo E-mail: projurados@hotmail.com